Vandalismo rural: el proyecto de ley de Massa recibe voces a favor, pero también advertencias

Un proyecto presentado al Congreso por el presidente de la Cámara de Diputados para endurecer los delitos contra la propiedad rural, fue bien recibido por las entidades del agro. Desde la oposición, fue presentado un proyecto alternativo. Un abogado ligado a FAA advierte por el contenido de dos de los artículos del proyecto oficialista.

vandalismo rural

Un proyecto de ley sobre vandalismo rural, presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para endurecer los delitos contra la propiedad rural, en medio de un preocupante incremento de las roturas de silobolsas y otros atentados contra la propiedad privada en el campo, inicialmente fue bien recibido por las entidades y los referentes del campo.

Voces a favor

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en un comunicado, señaló que la creación de la figura del “vandalismo rural”, contemplada en la iniciativa, “genera una esperanza de empezar a marchar en la dirección correcta, frente al fenómeno de ataques al productor rural”.

A su vez, enfatizó la necesidad de que se convierta rápidamente en ley, resultado que consideran posible al tratarse de una propuesta “emanada del oficialismo”.

“La iniciativa constituye un paso hacia adelante y un hecho contundente, en tanto significa que habría un castigo legal para estos hechos”, dijo su presidente, Jorge Chemes.

 

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A su vez, entidades de toda la cadena agroindustrial del país, en un comunicado resaltaron el rápido abordaje del tema “dado que el alcance de los daños producidos afecta a la sociedad entera, en tanto destruye el trabajo y el esfuerzo de la comunidad agroalimentaria”.

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También Coninagro, a través de su presidente, Carlos Iannizzotto, se expresó a favor de las dos iniciativas (de Massa y de Buryaile).

“Ambos muestran, más allá de los contenidos, rapidez y valoración de la magnitud de lo que está viviendo el hombre de campo”, expresó el dirigente, que consideró que se necesita no solo una presencia activa para prevenir los delitos, sino también una justicia eficaz y rápida.

“Oportunismo político”

En cambio Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) dijo a El ABC Rural sobre el particular:

“Creo que este proyecto tiene un oportunismo político importante. En realidad, este tipo de daños ya está contemplado en el actual Código Penal, con lo cual creo que el problema terminará si se aplica el peso de las leyes vigentes.

“Cuando un tema como éste toma estado público, los oportunistas de siempre lo aprovechan para sumar adeptos”, opinó.

Buryaile con proyecto propio

Ricardo Buryaile, diputado nacional y exministro de Agricultura de la Nación, presentó su propio proyecto de ley para tipificar el delito de la rotura de silobolsas, quien consideró “problemático” el texto del artículo 184 bis.

El texto que el proyecto oficialista incorporaría al Código Penal sería así: “La pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural”.

Según Buryaile, esa pena de dos a cinco años significa que se podría pedir la excarcelación. En cambio, en su propio proyecto establece que la pena sería de entre tres (3) y diez (10) años.

Por otra parte, el texto del proyecto de Massa agrega el requerimiento de que haya un perjuicio al “normal desempeño” de las actividades.

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El diputado Ricardo Buryaile presentó al Congreso un proyecto alternativo para condenar hechos de vandalismo rural.

Según Buryaile, esto implicaría diferenciar entre los productores de menores o mayores recursos, ya que podría considerarse que la rotura de silobolsas no interfiere con las actividades de estos últimos.

“El delito es romper un silobolsa o quemar un rollo, independientemente de si [la víctima] tiene plata o no. Si no, es Robin Hood”, dijo el diputado a La Nación.

Alertan por dos artículos conflictivos

Según trascendió, un abogado ligado a Federación Agraria Argentina (FAA), Andrés Domínguez, alertó sobre dos modificaciones que el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, pretende incluir en el Código Penal junto a la tipificación de los ataques a silobolsas.

Es que el artículo 184 bis de ese proyecto, incorpora la figura del vandalismo rural. Ese artículo dice que la pena “será de dos (2) a cinco (5) años de prisión cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural a través de la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otro modo de daño…”

Luego en uno de los incisos precisa que esto se puede referir a “granos, semillas y cereales en parva, gavillas, bolsas, silos, tolvas, tanques o unidades de almacenamiento, o de los mismos todavía no cosechados”.

Lo correcto

Para el abogado Domínguez, ese artículo propuesto por Massa “es correcto ya que tipifica, convierte en delito, la acción de rotura de silobolsa que hasta ahora no es delito”.

“En el caso de los silobolsas rotos, no hay ningún tipo penal que contemple esta acción. Es decir, ninguna ley dice que cortar silobolsas es delito. Sí las hay para incendio de campos, abigeato, destrucción de cosechas.

Al no ser delito la rotura de silobolsas, no se puede hacer persecución penal”, dijo Domínguez.

Para el experto, en el derecho penal “no puede haber interpretaciones amplias”. Añadió: “No podemos argumentar que como la rotura de los silobolsas afecta la propiedad privada y genera un perjuicio, allí hay delito. Solo hay delito en donde la ley dice que lo hay y según la acción explícitamente descripta en la ley penal”.

Dos artículos peligrosos

Sin embargo, así como ve correcto el artículo de Massa para los silobolsas, Domínguez alertó por otras dos reformas, a los artículos 186 y 189.

El primero dice que “será reprimido con prisión de dos (2) a diez (10) años, el que causare incendio, explosión, inundación, derrumbe, liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones, o cualquier otro proceso destructor capaz de producir estrago.

“Si hubiese peligro para la vida, el máximo de la pena será de doce (12) años. Si el hecho produjere el estrago, la pena de prisión se elevará de cinco (5) a quince (15) años.”

En tanto, el segundo artículo consigna que “cuando alguno de los hechos previstos en el artículo 186 fueran cometidos por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, la pena será de uno (1) a cuatro (4) años de prisión.

“Si produjere el estrago, la pena será de dos (2) a seis (6) años. Si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de una o más personas, el máximo de la pena será de diez (10) años”.

Las razones que los hacen dudosos

Para Domínguez, “estos artículos son muy peligrosos, ya que tienen un tipo penal muy amplio. Es decir, son muchas y muy variadas las acciones que caen dentro de la descripción de estos artículos y, por lo tanto, pueden ser delito”.

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El abogado Andrés Domínguez advierte sobre el contenido de dos artículos de interpretación muy amplia, que podrían volverse en contra de los productores.

El abogado de FAA se refiere a la parte donde se habla de “la liberación de patógenos tóxicos, energía, emisión de radiaciones o cualquier otro proceso capaz de producir estragos”.

Según Domínguez, esto es una “mala construcción de tipo penal” porque la ley debería ser explícita al describir un delito.

Según dijo, en la referencia a “patógenos tóxicos puede estar entrando por la ventana algo similar a delitos ambientales”. Indicó que no se explica qué se considera tóxico y eso puede dejar “mucha discrecionalidad a un juez”.

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