El complejo sojero argentino aportará USD 7.100 millones en concepto de retenciones en los próximos dos años

retenciones a la soja

Dice un reciente informe del Departamento de Información Agroeconómica (DIA) de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que en las últimas semanas algunas agrupaciones políticas cuestionaron la disposición de rebajar progresivamente los derechos de exportación que aún persisten sobre la soja (alícuota del 30%) y sus subproductos (27%), a razón de 0,5% mensual durante el año 2018 y 2019, que entró en vigencia el primero de enero de 2018.

El argumento esgrimido es que el Gobierno beneficia al sector agroindustrial, mientras que en otros sectores económicos y sociales las reformas emprendidas generarían una pérdida de recursos.

Sin embargo, es necesario recordar que los cambios en la política agropecuaria emprendidos a fines de 2015 no tuvieron por objetivo fijar un esquema de ventajas hacia la agroindustria en contraposición con otras actividades económicas, sino por el contrario, aminorar la detracción de recursos que ha sufrido la actividad de manera extraordinaria a partir del año 2002.

En el período 2002-2017 el complejo agroalimenticio ha aportado en concepto de retenciones 86.450 millones de dólares, mientras que el resto los sectores económicos aportaron USD 33.070 millones.

Si se considera solamente al complejo sojero, el aporte fiscal desde 2002 fue de 64.000 millones de dólares, equivalentes al 54% del total recaudado por derechos de exportación. A modo de comparación puede mencionarse que las reservas del Banco Central de la República Argentina totalizaron el año 2017 en USD 55.055 millones.

El esfuerzo realizado por las actividades que estaban alcanzadas por derechos de exportación se dio en un contexto donde el resto de los impuestos también fueron incrementados, conduciendo a un fuerte aumento en la presión tributaria a nivel país, que en el año 2015 alcanzó un pico del 32% del PBI.

Pese a la mayor presión sobre las actividades económicas y la sociedad en general, el gasto público creció a tasas alarmantes, generando un desbalance en las cuentas fiscales del país.

En conjunto con la limitación al acceso a fuentes de crédito externas, el financiamiento del déficit fiscal se produjo a través de la emisión monetaria con su consecuente impacto sobre el nivel de precios.

Esta situación sumada a otros desequilibrios macroeconómicos condujo a un ahogo de la actividad empresarial, con su correlato en reducción de inversiones, nula creación de empleados privados, cierre de empresas y a un estancamiento de la economía en el período 2012-2015, que era necesario corregir para evitar una crisis económica de gran magnitud.

Si bien algunas medidas adoptadas suponen una resignación de recursos por vía directa, pueden ser compensados por un aumento en la recaudación de otros tributos, análisis que se presenta a continuación.

Impacto fiscal del cambio en los Derechos de Exportación

La reducción en los derechos de exportación para el complejo sojero (excluyendo biodiesel) representa una resignación de recursos por parte del Estado Nacional de $ 9.400 millones para el año 2018, equivalente a USD 450 millones.

Para el año 2019, el monto aumentaría por las alícuotas más bajas y ascendería a USD 1.400 millones para 2019. De estos montos, el poroto de soja participa con el 17%, la harina de soja con el 59% y el aceite con el 24%.

Sin embargo, a partir de enero del corriente, el Poder Ejecutivo determinó que el biodiesel tendrá una alícuota del 8% para las ventas al exterior.

De esta manera, se recaudarán USD 112 millones por año, reduciendo la resignación de recursos fiscales por los cambios en las alícuotas de los otros productos del complejo. Por lo tanto, el impacto directo en las arcas del Estado sería de USD 339 millones ($ 7.064 millones) para 2018 y USD 1291 millones ($ 30.724 millones) para 2019.

Con el nuevo esquema de alícuotas, el complejo sojero continuaría aportando una gran cantidad de recursos por un total de USD 7.100 millones en los próximos dos años (USD 4.000 millones para 2018 y USD 3.100 para 2019).

En pesos, los ingresos de 2018 y 2019 serían de $ 81.700 millones y $ 72.800 millones respectivamente.

Es importante resaltar que el aporte por derechos a exportación de sectores no vinculados a la cadena agroindustrial pasó de USD 1.000 millones en 2015 a USD 127 millones en 2017, sin observarse el mismo tenor de los reclamos que sufrió el sector en las últimas semanas.

En 2018, el complejo sojero tributará 31 veces más que todas las actividades de la economía gravadas con derechos de exportación.

Asimismo, la disminución de los derechos de exportación tendrá por efecto un aumento de los precios sobre los principales productos del complejo sojero en la plaza local, lo que se traduce en un incremento de la base imponible sobre la cual se tributan diversos gravámenes nacionales, provinciales y municipales tales como impuesto a las ganancias, débitos y créditos bancarios, IVA, ingresos brutos, entre otros.

Considerando estos efectos, el Estado recaudaría 835 millones de dólares adicionales en 2018 y 2019; conduciendo a que el costo fiscal “real” de la medida oscile en los 795 millones de dólares para ambos años.

La compensación de recursos es elevada, ya que la base de cálculo de los Derechos de Exportación se realiza sobre un total 40,7 millones de toneladas contemplando poroto de soja, harina y aceite, mientras que por la reducción de las retenciones aumentaría su valor la totalidad de la producción primaria que en la campaña 2016/2017 fue de 55 millones de toneladas, así como los subproductos que son comercializados en el mercado interno.

Finalmente es necesario resaltar que este cálculo no contempla una probable extensión del área agrícola con su consecuente aumento en la producción, dado que volverá rentable zonas productivas que se encuentran a mayor distancia de los puertos; así como mayores inversiones y gastos por parte de los productores agropecuarios e industrias de transformación en bienes de capital, maquinaria agrícola, fertilizantes y otros insumos.