“Un nuevo atropello a los empleadores rurales”, tituló un comunicado la Sociedad Rural Argentina (SRA) donde se queja de la decisión del Gobierno y los trabajadores rurales de acordar un bono de 50 mil pesos. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en tanto, se reservó la posibilidad de recurrir a la vía legal para frenar esta imposición. Lo cierto es que tal decisión agravó el conflicto entre en Estado y la Mesa de Enlace.
Según relataron fuentes del ruralismo, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) ya había solicitado ese bono y había recibido el rechazo de los representantes de los productores, debido a que el contexto de sequía afectó las finanzas de las empresas agropecuarias.
En el medio, el Gobierno dispuso un bono obligatorio de $ 24.000 para todos los trabajadores privados que cobren menos de $ 185.859 mensuales.
Se amplió sin acuerdo
A regañadientes, en la Mesa de Enlace sabían que ese monto era inevitable porque era “universal” para todos los sectores, pero en la última reunión de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) realizada este jueves, la Uatre logró el respaldo del Gobierno para sumar otros $ 26.000 y totalizar un plus de $ 50.000.
Ante esa situación, hubo un portazo de las entidades del campo, que se levantaron de la Mesa.
En el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario realizada ayer, la SRA pone en conocimiento que nuestros representantes se levantaron de la mesa al haber sido sorprendidos con un acuerdo entre la UATRE y el gobierno nacional para implementar un bono…
— Sociedad Rural (@SociedadRural) December 23, 2022
Enojo entre los productores
La entidad que preside Nicolás Pino explicó que, en este período de negociación, tuvo que aceptar, por su carácter de obligatorio y compulsivo, el bono que decidió el Gobierno nacional de $ 24.000.
Sin embargo, el gremio de los trabajadores no se quedó conforme y pidió una suma adicional sobre dicho monto, iniciativa que fue negada una vez más por las entidades. “Eso nos obligó a no convalidar el acto administrativo de ayer”, completó la SRA.
Por su parte, desde CRA, sostienen que esta resolución “carece de legalidad y vulnera la Constitución Nacional la facultad que se abroga la CNTA de imponer el pago de una suma no salarial ante la falta de acuerdo entre las partes”. Porque la CNTA puede determinar las remuneraciones, pero no imponer a la patronal el pago de sumas que no tienen naturaleza jurídica salarial.
El ABC Rural
