En un clima de enorme expectativa, con cientos de manifestantes de organizaciones ambientalistas, de movimientos sociales y de partidos de izquierda en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados avanzó este jueves con el debate del proyecto de ley de humedales, aunque el Frente de Todos aceptó esperar una semana más para analizar eventuales aportes de propuestas opositoras antes de firmar el dictamen.
El oficialismo había llegado a la nutrida reunión plenaria del anexo de la Cámara baja con la convicción de culminar el encuentro con la firma del despacho de la mayoría, que tenía garantizado de antemano, pero ante el reclamo enfático de Juntos por el Cambio para estudiar con mayor detenimiento el proyecto, terminó cediendo y se acordó pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 29 de septiembre a las 10.
Ese día sí se firmará el o los dictámenes, sin más dilaciones, y no habrá especialistas invitados como pretendía Juntos por el Cambio.
Una vez que el proyecto tenga despacho, estará listo para debatirse en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, que se llevará a cabo en la primera o la segunda semana de octubre.
Plenario de comisiones
El plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, fue conducida por el presidente del primer cuerpo, Leonardo Grosso (Frente de Todos), quien fue el encargado de anunciar la decisión de pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves que viene “con la voluntad de poder construir un dictamen del mayor nivel de acuerdo posible”.
“Coincidiendo todos en la necesidad de que este Congreso dictamine y tenga a bien poder lograr la media sanción que nos corresponde, hemos acordado que los bloques van a ir arrimando durante el transcurso de estos días propuestas concretas de modificaciones o sugerencias a los proyectos que estamos discutiendo”, informó.
Oficialismo y oposición postergaron el dictamen
En la introducción del debate, Grosso hizo un repaso sobre los intentos fallidos que hizo el Congreso nacional para sancionar una ley de humedales hasta llegar a este momento bisagra en que parece haber mejores condiciones para terminar el año con una norma aprobada en ambas cámaras.
Recordó en ese sentido que este viernes 23 de septiembre “se cumplen 9 años de que este Congreso de la Nación le dio la primera media sanción en el Senado” a una ley de humedales, y luego señaló que en 2016 un proyecto del entonces senador nacional Fernando “Pino” Solanas también tuvo el aval de la Cámara alta para naufragar más tarde en Diputados.
Finalmente, subrayó que este mismo proyecto había sido debatido en 2020 en el marco de la comisión que él preside, alcanzando dictamen favorable, pero la iniciativa terminó “juntando polvo en un cajón” ya que no fue tratada en los otros cuerpos en los que tenía giro.
Antecedentes
Grosso también evocó que “semanas después de asumir (como presidente), el mismo (Mauricio) Macri había establecido la necesidad de una ley de humedales”.
“Entre 2015 y 2018 se presentaron ocho proyectos. En el 2020, con los fuegos del Delta del Paraná, se presentaron 15 expedientes”, destacó Grosso.
El referente del Movimiento Evita advirtió que “en los últimos años se aceleró por tres el ritmo en el que (los humedales) venían siendo destruidos”, lo que “amerita la intervención y regulación del Estado”.
El “agro-power”
Le siguió en el uso de la palabra la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman quien ponderó “la enorme lucha que se viene dando para llegar a esta reunión”, de la cual aseguró que se pudo conseguir gracias a “la movilización popular”.
La legisladora trotskista apuntó contra el “lobby del agro-power“, luego de leer manifestaciones de federaciones agropecuarias en contra de la ley de humedales.
“Parece que ni con el dólar soja preferencial se tranquilizan. Siempre quieren un poquito más, incluido el ambiente”, recriminó.
Sobre el proyecto en sí, Bregman reclamó que la autoridad de aplicación de la norma quede en manos del Estado nacional, algo que no está contemplado en el proyecto consensuado, que deja la potestad de la regulación en las provincias. También pidió que esa autoridad aplicación articule medidas con “organismos especializados en ambiente” y “no que quede en manos de organismos estatales que tengan la presión del agronegocio”. (NA)
El ABC Rural
