California, etiquetas y glifosato

California como estado aislado constituye por sí solo la décima economía del mundo. Por su tamaño y el perfil moderno de su economía, posee una masa de consumidores con buen poder adquisitivo, inquietos y demandantes de información clara de los productos que consumen.

Uno de los canales de comunicación más directo en las cadenas agroindustriales es la información que mediante el etiquetado de productos viaja desde la producción hacia el consumidor.

El etiquetado de los productos, ya sea parte del marketing que el fabricante utiliza para atraer al consumo o aquella información normativa que los estados exigen (información nutricional, del elaborador, composición o advertencias de uso e ingredientes) es uno de los factores decisivos en el punto clave de las cadenas: el momento en que un consumidor escoge un producto y este pasa de la góndola al changuito en los puntos de venta minorista.

Consumidores y comunidades urbanas manifiestan un mensaje claro hacia las cadenas agroalimentarias: disponer de productos inocuos, de calidad, baratos y producidos con sustentabilidad ambiental y social.

La Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental de California (Oehha por sus siglas en inglés) incluyó en julio de 2017 al glifosato en la lista de la Proposición 65. (Prop65)

La Prop65 requiere que las empresas proporcionen advertencias a los californianos acerca de exposiciones significativas a productos químicos que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Estos productos químicos pueden estar en los productos que los californianos compran, en sus hogares o lugares de trabajo, o que se liberan al medio ambiente.

Al requerir que se proporcione esta información, la Prop65 permite a los californianos tomar decisiones informadas sobre sus exposiciones a estos productos químicos.

Si se coloca una advertencia en la etiqueta de un producto, la empresa que emite la advertencia conoce que está exponiendo a personas a una o más sustancias químicas listadas.

Los polémicos documentos de la IARC (International Agency for Research on Cancer) fueron claves para respaldar esta inclusión del glifosato en la lista de la Prop65.

Por un lado hay sospechas que la opinión de IARC sobre el glifosato es defectuosa por ocultamiento o distorsión de datos y por otro lado ha sido estudiado por gobiernos y agencias reguladoras en los Estados Unidos y en todo el mundo y la ciencia muestra que es seguro y efectivo para su uso en la agricultura.

En USA está aprobado y regulado para su aplicación en más de 250 cultivos agrícolas.

Reacción del sector productor

La reacción desde la producción agrícola no se demoró y una coalición liderada por la NAWG (National Association of Wheat Growers traducida como Asociación Nacional de Productores de Trigo) actuó judicialmente solicitando a la corte federal que detenga los nuevos requisitos de etiquetado de glifosato en California.

El fundamento para detener el etiquetado se basa en los daños irreparables para los agricultores, consumidores y la economía agrícola de USA que esta medida genera.
Gordon Stoner, presidente de la NAWG manifestó que “los productores de trigo usan glifosato y la Prop65 requiere una etiqueta engañosa y falsa que cambiará fundamentalmente la forma en que se realiza la agricultura en Estados Unidos”.

Pero, además, otros impactos negativos de esta medida son el daño a la reputación de los productos agrícolas, cultivos y operaciones agrícolas, el aumento de los costos de producción, el uso de alternativas al glifosato que son menos efectivas, más intensivas en mano de obra, más caras y malas para el medioambiente, brindar información errónea a los consumidores, exigir cambios costosos en la distribución y envasado segregado de los cultivos tratados con glifosato e imponer alto riesgo de litigios muy costosos.

La novedad más reciente, de los primeros días de 2018, es que varios Fiscales Generales presentaron un amicus curiae (1) en apoyo de la medida cautelar solicitada por los grupos de agricultura contra la regulación.

Este puede ser un apoyo decisivo en defensa de la agricultura y los consumidores y en contra del etiquetado, especialmente por el argumento que impugna por inconstitucional la medida del Estado de California.

Como conclusión podemos ver que este tipo de problemas ampliamente difundido en Argentina (2) no es exclusivo de estas latitudes y, por otra parte, cada vez queda más claro el mecanismo que involucra las inquietudes y demandas de los consumidores con una normativa restrictiva impuesta desde la política y el impacto durísimo sobre los procesos de producción de la agricultura.

Consideramos que el camino a seguir -en lugar de normativas con prohibiciones o restricciones de dudoso soporte científico- es aquel que promueve, difunde y capacita a toda la cadena agroalimentaria en el uso de Buenas Prácticas Agropecuarias independientemente del tipo de producción de alimentos que el productor decida poner en práctica.

(1) Estos “amigos del tribunal” (tal la traducción del latín) son terceros ajenos al proceso judicial, que se presentan voluntariamente en una causa a los efectos de aportar información o argumentos jurídicos referidos a un caso pendiente de resolución.

(2) Ver “Mendoza y Rosario: Buenas Prácticas Agrícolas para el consenso” Nuevo ABC Rural – Diciembre 2017

Por Victor Piñeyro

(*) Ingeniero agrónomo. Director del Observatorio de Comunicación de Agronegocios. En colaboración con el ingeniero agrónomo Pablo Groso– CPIA – Comisión de BPAs.

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