Biotecnología agropecuaria

Los días 23 y 24 de mayo último, representantes de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, a través de la Dirección de Biotecnología, participaron en Moscú de la Primera Reunión del Grupo de Trabajo Conjunto sobre Biotecnología Agropecuaria y Bioseguridad.

En ese diálogo bilateral, ambos países intercambiaron información sobre el funcionamiento de sus marcos normativos en biotecnología agropecuaria, criterios regulatorios, el estado de aprobación de productos biotecnológicos y foros internacionales relevantes.

Al debatir los criterios regulatorios sobre edición génica, los rusos manifestaron gran interés por conocer en detalle la experiencia argentina.

Pero la actividad de la delegación argentina durante esa misión no terminó ahí. También incluyó reuniones con el sector biotecnológico local, para conocer su perspectiva sobre el registro de eventos biotecnológicos en Rusia y mantuvo  un encuentro con la Unión Granaria sobre las posibilidades para intensificar las exportaciones de soja.

No menos importancia tuvo una entrevista  con las autoridades de Sodrugestvo, que es la principal importadora de soja proveniente del Mercosur a la región euroasiática. La empresa rusa estaría dispuesta a invertir en la construcción de instalaciones en puertos fluviales argentinos y pidió detalles sobre la regulación y uso de la biotecnología en Argentina, algo que les resulta necesaria para ese proyecto.

Por si fuera poco, la delegación se reunió con el presidente del Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología, a quien informó sobre el estado de la regulación en edición génica a nivel mundial y su desarrollo nacional.

Todo eso resulta muy promisorio pensando en la expansión de la frontera agrícola y de los bioconocimientos en relación al agro. Pero mientras tanto, la Argentina, un país eminentemente agrícola con un crecimiento exponencial en su producción de granos, sigue rigiéndose con una ley de semillas vigente desde 1973 (tan desactualizada que ni siquiera incluye la palabra ‘biotecnología’), que se superpone con la ley de patentes (para las innovaciones realizadas por ingeniería genética). La primera ampara a las empresas mejoradoras locales, en tanto que la segunda resguarda a una multinacional.

La ley de semillas vigente desde 1973 está tan desactualizada que ni siquiera incluye la palabra ‘biotecnología’ y se superpone con la ley de patentes.

Esto divide al sector agropecuario enfrentando no solo a las cuatro entidades rurales, sino también a los productores con las empresas y el Estado en su rol de regulador. El tema es tan complejo que ninguno de los ministros que pasó por la cartera del campo logró avanzar en acuerdos (en 10 años pasaron Julián Domínguez, Norberto Yauhar, Carlos Casamiquela, Ricardo Buryaile y ahora Luis Miguel Etchevehere).

Sin dudas se impone avanzar en la búsqueda del consenso necesario para lograr una norma que resulte equilibrada para ambas partes y que, a su vez, dé certidumbre al resto del trabajo de investigación que se realiza y que ahora se trata de extender a otros países, en la búsqueda de desarrollo de nuevos mercados.

 

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